RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS MÓVILES

El mapa del tema

El régimen sigue esta secuencia: autorización por iniciativa o petición razonada; resolución atendiendo a los hechos previsibles; fijación de condiciones y medidas de seguridad; comunicación de la resolución, con informe posterior en urgencia o imposibilidad. (art. 10, art. 9)

Artículo 9: iniciativa y petición

El artículo 9 permite que la autorización de uso de videocámaras móviles se dicte por propia iniciativa del órgano competente o a petición razonada de responsables policiales subordinados. (art. 9)

El artículo 9 dispensa la autorización previa en vías o lugares públicos con videocámaras fijas autorizadas y en supuestos excepcionales de urgencia máxima o imposibilidad temporal. (art. 9)

Artículo 10: resolución

El artículo 10 exige que el órgano competente resuelva atendiendo a la naturaleza de los hechos eventualmente susceptibles de filmación y adecúe el uso permitido a los principios legales previstos. (art. 10)

El artículo 10 exige identificar en la resolución los órganos que asumirán la custodia material y efectiva de las grabaciones, junto con las medidas de seguridad correspondientes. (art. 10)

Trampas de examen

• No debe afirmarse que toda utilización móvil exige autorización previa, porque el artículo 9 contempla expresamente vías con videocámaras fijas autorizadas y supuestos excepcionales de urgencia máxima o imposibilidad. (art. 9)
• La ausencia de autorización previa no elimina toda obligación posterior: en los casos excepcionales, los responsables policiales deben informar motivadamente al órgano competente y a la Comisión dentro de setenta y dos horas. (art. 9)
• El informe excepcional no se comunica únicamente a la Comisión: el órgano competente para autorizar debe dar cuenta de ese informe al Viceconsejero de Seguridad. (art. 9)
• La resolución autorizante no se limita a expresar una aprobación, pues debe especificar circunstancias, condiciones, medidas de seguridad y órganos responsables de custodiar las grabaciones. (art. 10)
• La resolución autorizante debe ponerse en conocimiento de dos destinatarios concretos dentro del plazo máximo de setenta y dos horas: el Viceconsejero y la Comisión. (art. 10)

Chuleta final

• La autorización corresponde a los órganos competentes conforme al Decreto; el artículo 10 identifica específicamente al órgano competente para autorizar la utilización de videocámaras móviles. (art. 10)
• Pueden solicitar la autorización los responsables de los servicios y unidades policiales subordinados a los órganos competentes, mediante una petición razonada. (art. 9)
• La petición policial debe justificar dos extremos vinculados al uso de videocámaras móviles: su necesidad y su idoneidad, conforme a los principios indicados en el artículo 9. (art. 9)
• Al resolver, el órgano competente debe atender a la naturaleza de los eventuales hechos susceptibles de filmación y adecuar la utilización permitida a los principios legales aplicables. (art. 10)
• La resolución autorizante debe especificar las circunstancias que motivan la autorización, permitiendo identificar la razón concreta expresada en el propio acto autorizante. (art. 10)
• La resolución debe fijar las condiciones precisas para la utilización efectiva de las videocámaras, no solo reconocer abstractamente la posibilidad de utilizarlas. (art. 10)
• Entre las previsiones de la resolución figuran medidas de seguridad destinadas a garantizar el respeto de las disposiciones vigentes y preservar disponibilidad, confidencialidad e integrabilidad de grabaciones. (art. 10)
• El plazo máximo de setenta y dos horas aparece para comunicar la resolución autorizante y, en los supuestos excepcionales, para presentar el informe motivado correspondiente. (art. 10, art. 9)

Preguntas frecuentes