El mapa del tema

Artículo 3: regla general de integración

El artículo 3 configura el patrimonio de las Administraciones públicas como un conjunto amplio de bienes y derechos. La integración no depende de que tengan una naturaleza determinada ni de una modalidad concreta de adquisición o atribución. (art. 3)

El artículo 3 excluye del patrimonio público el dinero, los valores, los créditos y otros recursos financieros de la hacienda. Para determinadas entidades públicas empresariales y análogas, también excluye los recursos constitutivos de su tesorería. (art. 3)

Artículo 4: criterio clasificatorio

El artículo 4 adopta el régimen jurídico aplicable como criterio para clasificar los bienes y derechos del patrimonio de las Administraciones públicas. De ese criterio resultan las categorías de dominio público o demanial y dominio privado o patrimonial. (art. 4)

El artículo 4 utiliza dos denominaciones para cada categoría patrimonial. Identifica el dominio público con los bienes demaniales y el dominio privado con los bienes patrimoniales, dentro de los bienes y derechos integrantes del patrimonio administrativo. (art. 4)

Artículo 5: inmuebles estatales destinados a servicios

El artículo 5 considera en todo caso bienes de dominio público determinados inmuebles de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. La regla se aplica cuando en ellos se alojen servicios, oficinas o dependencias de los órganos indicados. (art. 5)

El artículo 5 remite principalmente las reglas de los bienes demaniales a las leyes y disposiciones especiales aplicables. Si faltan normas especiales, se aplican la ley y sus disposiciones de desarrollo, con derecho administrativo y privado como supletorios. (art. 5)

Artículo 6: garantías esenciales del dominio público

El artículo 6 exige que la gestión y administración demanial respeten la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. Estas tres garantías figuran expresamente entre los principios que deben orientar la actuación de las Administraciones públicas sobre sus bienes demaniales. (art. 6)

El artículo 6 establece la dedicación preferente al uso común frente al uso privativo. Asimismo, exige ejercer diligentemente las prerrogativas legales para garantizar la conservación e integridad de los bienes y derechos de dominio público. (art. 6)

Artículo 7: definición de bienes patrimoniales

El artículo 7 define como bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales aquellos que pertenecen a las Administraciones públicas y no tienen carácter demanial. La titularidad pública, por sí sola, no determina su naturaleza demanial. (art. 7)

El artículo 7 somete la adquisición, administración, defensa y enajenación de bienes patrimoniales a la ley y a sus disposiciones de desarrollo. Previene además la aplicación supletoria del derecho administrativo y del Derecho privado según la materia afectada. (art. 7)

Artículo 8: principios de actuación

El artículo 8 ordena que la gestión y administración de bienes patrimoniales se ajuste a eficiencia y economía, así como a eficacia y rentabilidad en su explotación. Son principios expresamente aplicables a las Administraciones públicas. (art. 8)

El artículo 8 exige que la gestión de los bienes patrimoniales coadyuve al desarrollo y ejecución de las políticas públicas vigentes. Destaca particularmente la política de vivienda, cuya coordinación corresponde realizar con las Administraciones competentes. (art. 8)

Trampas de examen

• No debe afirmarse que todo recurso económico de una Administración esté incluido en su patrimonio. El artículo 3 excluye expresamente el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda. (art. 3)
• La clasificación entre dominio público y dominio privado no se formula por la naturaleza material del bien. El artículo 4 establece expresamente que el criterio clasificatorio es el régimen jurídico al que los bienes y derechos están sujetos. (art. 4)
• La titularidad pública no basta por sí misma para que un bien sea demanial. El artículo 5 exige además afectación al uso general o al servicio público, salvo que una ley otorgue expresamente el carácter demanial. (art. 5)
• Los principios demaniales no establecen una preferencia por el uso privativo. El artículo 6 dispone exactamente lo contrario: la dedicación preferente corresponde al uso común frente al uso privativo del dominio público. (art. 6)
• La naturaleza patrimonial de un bien no elimina las exigencias de identificación y control. El artículo 8 incorpora expresamente esos instrumentos mediante inventarios o registros adecuados dentro de los principios de gestión patrimonial. (art. 8)

Chuleta final

• Para recordar el artículo 3, parte de una regla general amplia: bienes y derechos integran el patrimonio. Después añade la excepción financiera, pues dinero, valores, créditos y recursos financieros de hacienda no se consideran incluidos. (art. 3)
• Para el artículo 4, memoriza la pareja demanial-patrimonial. Los bienes y derechos públicos pueden ser de dominio público o demaniales, o de dominio privado o patrimoniales, atendiendo al régimen jurídico aplicable. (art. 4)
• Para identificar el dominio público según el artículo 5, busca la afectación. La afectación al uso general o al servicio público convierte en demaniales los bienes y derechos de titularidad pública, salvo los casos de atribución legal expresa. (art. 5)
• El núcleo memorístico inicial del artículo 6 es la triple protección del dominio público: inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. Estos tres términos aparecen conjuntamente como primer principio de gestión y administración de bienes demaniales. (art. 6)
• Para el artículo 7, utiliza una definición negativa: es patrimonial lo que tiene titularidad administrativa y no es demanial. Esta fórmula permite distinguir el dominio privado sin añadir requisitos no contenidos en el artículo. (art. 7)
• El artículo 8 reúne como ideas iniciales de gestión patrimonial la eficiencia y economía, seguidas de eficacia y rentabilidad. Esta secuencia sirve para separar los principios de gestión patrimonial de los propios del dominio público. (art. 8)
• En adquisiciones, explotación y enajenación de bienes patrimoniales, el artículo 8 exige cuatro referencias: publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad. Memorízalas como requisitos expresos de las operaciones patrimoniales indicadas en ese precepto. (art. 8)
• El artículo 6 incluye cooperación y colaboración entre Administraciones públicas cuando ejerzan competencias sobre el dominio público. Esa formulación se refiere específicamente a los principios relativos a bienes y derechos demaniales, no a una regla aislada de clasificación. (art. 6)

Preguntas frecuentes