Disposiciones generales

El mapa del tema

El sector público se organiza en cuatro componentes expresamente enumerados: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, entidades de la Administración Local y sector público institucional. (art. 2)

Artículo 1: contenido regulado

El artículo 1 atribuye a la Ley un objeto amplio: regula las bases del régimen jurídico administrativo, los principios de responsabilidad y potestad sancionadora, además de la organización y funcionamiento estatal e institucional. (art. 1)

El artículo 1 incluye específicamente la organización y el funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. (art. 1)

Artículo 2: entidades del sector institucional

El artículo 2 integra en el sector público institucional los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. (art. 2)

El artículo 2 considera Administraciones Públicas a las administraciones estatal, autonómicas y locales, así como a los organismos públicos y entidades de derecho público indicados en el apartado 2.a). (art. 2)

Artículo 3: relaciones electrónicas

El artículo 3 ordena que las Administraciones se relacionen entre sí y con sus órganos, organismos y entidades vinculadas mediante medios electrónicos que aseguren interoperabilidad y seguridad. (art. 3)

El artículo 3 establece que cada Administración Pública comprendida en el artículo 2 actúa para cumplir sus fines con una personalidad jurídica única. (art. 3)

Artículo 4: motivación y justificación

El artículo 4 exige motivar la necesidad de las medidas limitativas para proteger el interés público y justificar que resultan adecuadas para alcanzar los fines perseguidos. (art. 4)

El artículo 4 permite a las Administraciones comprobar, verificar, investigar e inspeccionar las circunstancias necesarias para velar por los requisitos previstos en la legislación aplicable. (art. 4)

Trampas de examen

• Es un error identificar íntegramente el sector público institucional con las Administraciones Públicas. El artículo 2 reserva esta consideración, dentro de aquel sector, a los organismos públicos y entidades de derecho público de su apartado 2.a). (art. 2)
• No debe afirmarse que las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes queden sometidas indistintamente a toda la Ley. El artículo 2 las sujeta a las normas que específicamente se refieran a ellas. (art. 2)
• No basta con invocar el principio de proporcionalidad para imponer una medida limitativa. El artículo 4 añade la elección de la medida menos restrictiva y exige motivar y justificar determinados extremos. (art. 4)
• Es incorrecto reducir la relación electrónica entre Administraciones al mero empleo de medios digitales. El artículo 3 exige que esos medios aseguren interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas. (art. 3)
• No debe tratarse a las universidades públicas como si carecieran de regulación propia. El artículo 2 dispone que se rigen por su normativa específica y, de forma supletoria, por las previsiones de esta Ley. (art. 2)

Chuleta final

• Para recordar el artículo 1, reúne tres bloques: bases del régimen jurídico, principios de responsabilidad y potestad sancionadora, y organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y su sector institucional. (art. 1)
• El apartado 1 del artículo 2 presenta cuatro integrantes del sector público: Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local y sector público institucional. (art. 2)
• La clave de las entidades de derecho privado vinculadas es doble: se sujetan a las normas que las mencionen específicamente y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. (art. 2)
• La primera frase del artículo 3 concentra cinco principios de actuación: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, junto al sometimiento pleno a Constitución, Ley y Derecho. (art. 3)
• Entre los principios que deben respetarse en la actuación y relaciones administrativas figuran buena fe, confianza legítima y lealtad institucional como una agrupación literal del artículo 3. (art. 3)
• La actuación de cada Administración se desarrolla bajo la dirección de sus correspondientes órganos de gobierno para alcanzar los objetivos fijados por las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. (art. 3)
• Toda medida limitativa de derechos o que exija requisitos para una actividad debe ser evaluada periódicamente respecto de los efectos y resultados obtenidos. (art. 4)
• Las facultades administrativas de comprobación se ejercen dentro de las competencias respectivas y con los límites fijados en la legislación de protección de datos de carácter personal. (art. 4)

Preguntas frecuentes