El mapa del tema

Artículo 41: agente de la autoridad

El personal funcionario de servicios sociales que ejerza funciones de protección de menores tiene condición de agente de la autoridad y puede pedir colaboración pública dentro de su ámbito geográfico. (art. 41)

Cuando la gravedad lo requiera, profesionales sociales o fuerzas de seguridad pueden acompañar al menor a un centro sanitario, informando a sus responsables, salvo sospecha contra ellos. (art. 41)

Artículo 42: dotación de equipos

Las administraciones públicas competentes deben dotar a los servicios sociales de atención primaria y especializada de profesionales y equipos entrenados específicamente frente a la violencia infantil. (art. 42)

Los equipos de intervención deben integrar preferentemente educación social, psicología y trabajo social; la abogacía se incorpora cuando resulte necesaria, con especialización en violencia infantil. (art. 42)

Artículo 43: apoyo familiar

Ante riesgo o sospecha de violencia, los servicios sociales de atención primaria deben establecer vías coordinadas para apoyar a la familia en el ejercicio positivo de sus funciones parentales protectoras. (art. 43)

La valoración de los casos debe realizarse, siempre que sea posible, de forma interdisciplinar y coordinada con protección infantil y los equipos territoriales que puedan aportar información. (art. 43)

Artículo 44: seguimiento y registro

Los servicios sociales de atención primaria deben establecer un sistema autonómicamente regulado para seguir y registrar los casos, incluyendo notificaciones, comunicaciones, confirmaciones y medidas aplicadas. (art. 44)

La información estadística procedente de atención primaria y de la entidad pública de protección se incorpora al Registro Unificado, denominado Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia. (art. 44)

Trampas de examen

• La comunicación inmediata a la Entidad Pública de Protección a la infancia se prevé cuando atención primaria conoce violencia y, además, existe situación de desprotección. (art. 41)
• El acompañamiento sanitario exige informar a progenitores o responsables, salvo que se sospeche que ellos ejercieron la violencia; entonces se informa al Ministerio Fiscal. (art. 41)
• La abogacía forma parte preferente de los equipos únicamente cuando sea necesario; la preferencia se refiere expresamente a educación social, psicología y trabajo social. (art. 42)
• La intervención de un profesional especializado desde la comunicación o detección se exige en situaciones de especial gravedad por la tipología del acto, especialmente en delitos sexuales. (art. 43)
• La incorporación al RUSSVI se refiere a información estadística de atención primaria junto con la procedente de la entidad pública de protección, con la desagregación establecida. (art. 44)

Chuleta final

• Memoriza que la solicitud de colaboración puede dirigirse a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios y cualquier servicio público necesario para intervenir. (art. 41)
• En urgencias, cada comunidad autónoma determina el procedimiento para que atención primaria adopte medidas coordinadas mientras no pueda derivarse el caso a protección infantil. (art. 41)
• Los profesionales y equipos de intervención deben estar especialmente entrenados en detección precoz, valoración e intervención frente a la violencia ejercida sobre menores. (art. 42)
• Cuando sea necesario, los servicios sociales diseñan y ejecutan un plan de intervención familiar individualizado, coordinado y participativo con los demás ámbitos implicados. (art. 43)
• La recogida de información sobre posibles casos corresponde a atención primaria, que concreta el análisis interdisciplinar con participación de los profesionales correspondientes. (art. 43)
• Las actuaciones de atención primaria desarrolladas dentro del plan de intervención sobre riesgo o sospecha de maltrato infantil se notifican a servicios sociales especializados de protección de menores. (art. 43)
• Los poderes públicos garantizan atención integral para la recuperación mediante servicios especializados a víctimas menores de delitos violentos y, en todo caso, sexuales, de trata o de género. (art. 43)
• El registro autonómico debe reflejar también las distintas medidas puestas en marcha en relación con la intervención de los servicios sociales de atención primaria. (art. 44)

Preguntas frecuentes