Disposiciones generales (9-13)

El mapa del tema

El artículo 9 regula derechos de las personas usuarias; el 10, sus deberes; el 11, derechos profesionales; el 12, deberes profesionales; y el 13, la definición normativa de derechos y obligaciones según cada prestación y servicio. (art. 13)

Artículo 9: derechos básicos de las personas usuarias

El artículo 9 garantiza a las personas usuarias, tanto de servicios sociales públicos como privados, diversos derechos adicionales a los constitucional y legalmente reconocidos. Entre ellos figuran el acceso igualitario, digno y privado, la confidencialidad, la autonomía y el consentimiento libre y específico. (art. 9)

A efectos del artículo 9, son usuarias las destinatarias directas de la prestación o servicio y, cuando resulte pertinente, las personas cuidadoras. En menores e incapacitadas, el ejercicio de derechos se garantiza mediante representantes legales conforme a la normativa vigente. (art. 9)

Artículo 10: deberes de las personas usuarias

El artículo 10 impone a las personas usuarias el cumplimiento de normas, requisitos, condiciones y procedimientos relacionados con prestaciones y servicios. También exige respetar el plan de atención personalizada y las orientaciones establecidas por profesionales competentes. (art. 10)

El artículo 10 considera personas usuarias a las destinatarias directas y, cuando sea pertinente por la naturaleza del deber, a las personas cuidadoras. Para menores e incapacitadas, garantiza el ejercicio de los deberes mediante representantes legales conforme a la normativa vigente. (art. 10)

Artículo 11: derechos profesionales

El artículo 11 reconoce a las personas profesionales derechos adicionales a los constitucionales, legales, laborales y profesionales aplicables. Entre los derechos expresamente garantizados están el desempeño en igualdad y dignidad, la orientación inicial y la formación profesional continuada. (art. 11)

Las personas profesionales tienen derecho a participar individual o colectivamente en decisiones y organización de servicios, acceder a cauces de información, sugerencia y queja, y disponer de medios necesarios para prestar servicios conforme a los criterios de calidad exigidos. (art. 11)

Artículo 12: deberes profesionales esenciales

El artículo 12 obliga a las personas profesionales a promover la dignidad, autonomía, integración y bienestar de quienes atienden. También deben respetar los derechos reconocidos a personas usuarias y profesionales y cumplir la normativa vigente del ámbito de servicios sociales. (art. 12)

Las personas profesionales deben comunicar irregularidades o anomalías observadas en funcionamiento, organización o instalaciones. Asimismo, deben poner en conocimiento de la autoridad competente las situaciones que, según su valoración, pudieran implicar una vulneración de derechos. (art. 12)

Artículo 13: concreción normativa

El artículo 13 encomienda a la normativa reguladora de los distintos tipos de prestaciones y servicios la definición de los derechos y obligaciones correspondientes a las personas usuarias y profesionales, atendiendo a la naturaleza y características de cada prestación y servicio. (art. 13)

Aunque la normativa de cada prestación o servicio debe concretar derechos y obligaciones, el artículo 13 establece expresamente que debe respetar en todo caso los derechos y obligaciones establecidos en la propia ley. (art. 13)

Trampas de examen

• El acceso a los servicios sociales en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad es un derecho de las personas usuarias. El cumplimiento de normas, requisitos, condiciones y procedimientos es, en cambio, un deber de esas personas. (art. 10, art. 9)
• El consentimiento debe ser libre y específico para una determinada intervención. Sin embargo, el artículo 9 exige forma escrita cuando la intervención implique ingreso en un servicio de alojamiento o en un centro residencial; no establece esa forma para toda intervención. (art. 9)
• La formación profesional continuada durante toda la vida activa es un derecho de las personas profesionales, orientado a garantizar la adecuación de la atención a las pautas de buena práctica. No aparece configurada como derecho específico de las personas usuarias. (art. 11)
• El artículo 12 no limita la derivación a una mera remisión administrativa. Cuando sea necesaria, la persona profesional debe realizarla de la manera más favorable para la usuaria y procurar la continuidad de la intervención. (art. 12)
• La normativa reguladora de cada tipo de prestación o servicio debe atender a su naturaleza y características, pero esa concreción tiene un límite expreso: debe respetar los derechos y obligaciones establecidos en la ley. (art. 13)

Chuleta final

• La confidencialidad comprende el tratamiento respetuoso de los datos personales que consten en el expediente o en cualquier documento concerniente a la persona usuaria, junto con la debida reserva profesional sobre la información conocida. (art. 9)
• La autonomía se define como la posibilidad de actuar y pensar independientemente respecto de la vida privada, incluida la asunción de ciertos niveles de riesgo calculado, siempre que exista capacidad jurídica y de obrar conforme a la normativa vigente. (art. 9)
• Las personas usuarias pueden renunciar a las prestaciones y servicios concedidos. El propio artículo 9 exceptúa lo previsto legalmente sobre internamiento no voluntario por trastorno psíquico y sobre tutela de personas menores de edad. (art. 9)
• Las personas usuarias tienen derecho a que se les asigne una profesional o un profesional de referencia. Su función es procurar la coherencia, integralidad y continuidad del proceso de intervención. (art. 9)
• La persona usuaria puede escoger libremente el tipo y modalidad de servicio más adecuado a su caso según su disponibilidad, atendiendo a la orientación y prescripción técnica de la persona profesional de referencia asignada. (art. 9)
• Existe derecho a recibir información suficiente, veraz y fácilmente comprensible sobre intervenciones, servicios disponibles y requisitos de acceso. También existe derecho a acceder al expediente individual en cualquier momento, conforme al ordenamiento jurídico vigente. (art. 9)
• La persona usuaria debe facilitar al profesional de referencia información necesaria y veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y económicas, además de comunicar las variaciones, salvo que esos datos ya obren en poder de las administraciones públicas. (art. 10)
• Las personas usuarias deben respetar todos los derechos reconocidos por la ley a personas usuarias y profesionales y mantener, en sus relaciones con ambas, un comportamiento no discriminatorio. (art. 10)

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