De las limitaciones a la disponibilidad de los bienes y derechos

El mapa del tema

El régimen se ordena en tres planos: protección reforzada de los bienes demaniales, condiciones y límites aplicables a bienes patrimoniales, y autorización gubernamental cualificada para transigir o someter controversias patrimoniales estatales a arbitraje. (art. 30, art. 31)

Artículo 30: bienes demaniales

El artículo 30 atribuye conjuntamente a los bienes y derechos de dominio público o demaniales las notas de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. La norma formula esas tres características como una regla directa para esta categoría de bienes. (art. 30)

Los bienes y derechos patrimoniales pueden ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros. Esa posibilidad se sujeta expresamente a lo dispuesto en el Código Civil y en las leyes especiales, según establece el artículo 30. (art. 30)

Artículo 31: transacción

El artículo 31 prohíbe transigir, tanto judicial como extrajudicialmente, sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado salvo que concurra el mecanismo de autorización previsto en el propio precepto. (art. 31)

El artículo 31 extiende su exigencia de autorización al sometimiento a arbitraje de las contiendas que se susciten sobre bienes y derechos del Patrimonio del Estado. No regula una excepción distinta para el arbitraje. (art. 31)

Trampas de examen

• No debe trasladarse la inalienabilidad propia de los bienes demaniales a todos los bienes patrimoniales. El artículo 30 prevé expresamente que los patrimoniales pueden enajenarse, siempre que se siga el procedimiento y se cumplan los requisitos legalmente establecidos. (art. 30)
• Es incorrecto afirmar que todo bien patrimonial queda inmune frente al embargo. La prohibición se refiere a los supuestos que el artículo enumera, entre ellos los bienes y derechos materialmente afectados a un servicio público o función pública. (art. 30)
• La transferencia de crédito destinada a compensar la pérdida patrimonial no se atribuye genéricamente a cualquier órgano. El artículo 30 dispone que ha de ser aprobada por el Ministro de Hacienda y Función Pública. (art. 30)
• En diligencias de embargo por deudas tributarias no pueden acumularse libremente deudas de varios obligados tributarios. El límite expreso consiste en que solamente podrán acumularse deudas correspondientes a un único obligado tributario. (art. 30)
• El sometimiento a arbitraje de contiendas sobre el Patrimonio del Estado no queda permitido por una decisión administrativa ordinaria. El artículo 31 exige un real decreto acordado en Consejo de Ministros y un dictamen previo del Consejo de Estado en pleno. (art. 31)

Chuleta final

• Para memorizar el régimen de los bienes demaniales, retenga la triple fórmula legal: son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Las tres notas aparecen unidas y se aplican a bienes y derechos de dominio público. (art. 30)
• La enajenación de bienes y derechos patrimoniales exige dos referencias acumuladas: seguir el procedimiento y cumplir previamente los requisitos legalmente establecidos. No basta con identificar el bien como patrimonial para concluir su libre enajenación. (art. 30)
• Uno de los límites al embargo de patrimoniales aparece cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación están legalmente afectados a fines determinados. La afectación mencionada por la norma es legal. (art. 30)
• La prohibición de embargo alcanza valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales cuando ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. Deben retenerse ambas alternativas funcionales previstas por el precepto. (art. 30)
• La compensación por pérdida de un bien o derecho patrimonial embargado y realizado forzosamente se articula mediante reasignación presupuestaria. La carga se imputa a los créditos del Departamento responsable, según la formulación del artículo 30. (art. 30)
• La transferencia compensatoria debe hacerse efectiva dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente a aquel en que se produjo la pérdida del bien o derecho. El plazo se vincula expresamente al momento de la pérdida. (art. 30)
• Las transferencias previstas para compensar la pérdida patrimonial no quedan sujetas a las restricciones previstas en el artículo 52 de la Ley General Presupuestaria. Es una previsión específica para estas transferencias. (art. 30)
• La autorización para transigir sobre el Patrimonio del Estado requiere recordar una secuencia: real decreto, acuerdo del Consejo de Ministros, propuesta del de Hacienda y dictamen previo del Consejo de Estado en pleno. (art. 31)

Preguntas frecuentes