Del inventario patrimonial

El mapa del tema

La Dirección General del Patrimonio del Estado lleva directamente los inmuebles, derechos reales, derechos de arrendamiento, determinados muebles y propiedades incorporales, valores mobiliarios y títulos. Las unidades patrimoniales de departamentos y organismos llevan otros bienes especiales, infraestructuras, muebles y propiedad incorporal, además de catálogos inmobiliarios. (art. 33)

Artículo 32: contenido mínimo del inventario

El inventario debe incluir menciones suficientes para identificar cada bien o derecho y reflejar su situación jurídica y su destino o uso. En comunidades autónomas, entidades locales y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes, debe incluir al menos los inmuebles y los derechos reales sobre ellos. (art. 32)

El Inventario General estatal comprende la totalidad del Patrimonio del Estado, salvo determinadas adquisiciones de organismos públicos destinadas a su devolución al tráfico jurídico patrimonial o a provisiones técnicas obligatorias, y bienes cuya identificación corresponda a departamentos u organismos. Las acciones y títulos representativos del capital se reflejan en la contabilidad patrimonial y en un inventario auxiliar. (art. 32)

Artículo 33: bienes de llevanza directa

La Dirección General del Patrimonio del Estado lleva directamente el inventario de los bienes inmuebles y derechos reales, los derechos de arrendamiento y otros derechos personales de uso o disfrute de inmuebles ajenos, ciertos bienes muebles y propiedades incorporales, y los valores mobiliarios y títulos societarios u obligacionales. (art. 33)

Los datos del Inventario General estatal sirven para la gestión interna y la definición de políticas, pero no producen efectos frente a terceros ni permiten hacer valer derechos frente a la Administración General del Estado y sus organismos públicos. La consulta por terceros solo procede dentro de un expediente y conforme a sus reglas generales de acceso. (art. 33)

Artículo 34: constancia inmediata de hechos y actos

Las unidades competentes en gestión patrimonial deben adoptar medidas para que los hechos, actos o negocios relativos a sus bienes y derechos consten inmediatamente en el Inventario General. También deben notificar a la Dirección General los que puedan afectar a bienes cuya inscripción corresponda a ese centro directivo. (art. 34)

El Ministerio de Hacienda puede impartir instrucciones sobre cualquier cuestión relacionada con la formación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado. Asimismo, puede recabar los datos o documentos que considere necesarios para esas funciones. (art. 34)

Artículo 35: inscripción previa a la gestión

Los actos de gestión o disposición sobre bienes y derechos del Patrimonio del Estado requieren que estos estén debidamente inscritos en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado. La falta de inscripción impide realizar dichos actos conforme a la regla establecida en este artículo. (art. 35)

La Intervención General de la Administración del Estado incluye en el control financiero la verificación de los datos sobre inclusión, baja o cualquier modificación de bienes y derechos inventariables. Además, las Abogacías del Estado deben advertir sobre la obligación de inclusión cuando no les conste. (art. 35)

Trampas de examen

• Es incorrecto considerar que el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado tiene naturaleza de registro público. La ley le atribuye una función interna de apoyo a la gestión y a las políticas administrativas, sin efectos frente a terceros. (art. 33)
• No basta con que un bien estatal exista o esté identificado materialmente. Para realizar actos de gestión o disposición, debe encontrarse debidamente inscrito en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado. (art. 35)
• La consulta por terceros de los datos del Inventario General no es libre ni general. Solo resulta procedente cuando esos datos forman parte de un expediente y siempre de acuerdo con las reglas generales de acceso aplicables a los expedientes. (art. 33)
• Las acciones y títulos representativos del capital de sociedades mercantiles propiedad de la Administración General del Estado y de sus organismos dependientes no se presentan únicamente como una anotación inventarial ordinaria. Deben reflejarse en la contabilidad patrimonial y en un inventario auxiliar coordinado. (art. 32)
• La obligación inventarial no se limita al Estado. El inventario patrimonial de comunidades autónomas, entidades locales y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ellas debe incluir, como mínimo, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos. (art. 32)

Chuleta final

• Identificación, situación jurídica y destino o uso son las menciones esenciales que deben constar con suficiente detalle respecto de los bienes y derechos inventariados por las Administraciones públicas. (art. 32)
• La regla de partida es la inclusión de la totalidad de los bienes y derechos que integran el Patrimonio del Estado, con las excepciones expresamente previstas en el artículo 32. (art. 32)
• El Ministerio de Hacienda está a cargo del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, y la Dirección General del Patrimonio del Estado asume su llevanza junto con las unidades patrimoniales auxiliares. (art. 33)
• Los bienes inmuebles y los derechos reales sobre ellos forman parte de los bienes cuya llevanza directa corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado. (art. 33)
• Las unidades competentes deben conseguir la inmediata constancia de los hechos, actos o negocios relativos a sus bienes y derechos en el Inventario General estatal. (art. 34)
• El Ministerio de Hacienda puede dirigir instrucciones sobre la formación y actualización del Inventario General y reclamar los datos o documentos que considere necesarios. (art. 34)
• La verificación de la inclusión, baja o cualquier otra modificación de bienes y derechos inventariables forma parte del alcance del control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado. (art. 35)
• Las Abogacías del Estado deben advertir específicamente en sus informes sobre bienes y derechos del Patrimonio del Estado acerca de la obligatoriedad de inclusión cuando esta no les conste. (art. 35)

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