Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones

El mapa del tema

El régimen distingue legitimación general y específica, ampliación informativa, requerimiento de anulación, impugnación competencial, suspensión por grave interés general y ejercicio vecinal subsidiario de acciones locales. (art. 63, art. 64)

Artículo 63: sujetos legitimados

El artículo 63 añade a los sujetos legitimados por el régimen general a la Administración estatal y autonómica, así como a los miembros corporativos que hubieran votado contra los actos o acuerdos impugnados. (art. 63)

Las entidades locales territoriales están legitimadas en todo caso para impugnar disposiciones y actos de las Administraciones estatal y autonómica cuando lesionen la autonomía garantizada por la Constitución y la Ley. (art. 63)

Artículo 64: ampliación informativa

La Administración estatal y la autonómica pueden solicitar ampliación de la información indicada en el artículo 56.1, con remisión ordinaria en veinte días hábiles. (art. 64)

El plazo de remisión se reduce a cinco días hábiles cuando concurre el supuesto del artículo 67. La solicitud suspende determinados plazos, que se reanudan al recibirse la documentación. (art. 64)

Artículo 65: requerimiento de anulación

Cuando la Administración estatal o autonómica considere que un acto local infringe el ordenamiento, puede requerir su anulación, invocando expresamente el artículo 65, dentro del plazo máximo previsto. (art. 65)

La Administración estatal o autonómica puede impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin formular requerimiento, dentro del plazo establecido para ese recurso. (art. 65)

Artículo 66: lesión competencial

Los actos locales que menoscaben competencias estatales o autonómicas, interfieran su ejercicio o excedan las competencias locales pueden impugnarse mediante cualquiera de los procedimientos del artículo anterior. (art. 66)

Si la impugnación solicita expresamente la suspensión y la petición se razona en el interés general o comunitario afectado, el Tribunal puede acordarla en el primer trámite subsiguiente. (art. 66)

Artículo 67: grave interés general

Cuando una entidad local adopta actos o acuerdos que atentan gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno puede suspenderlos tras requerir su anulación al Presidente. (art. 67)

Una vez suspendido el acto o acuerdo, el Delegado del Gobierno debe impugnarlo ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa dentro de los diez días siguientes a la suspensión. (art. 67)

Artículo 68: obligación local

Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para defender sus bienes y derechos, configurándose así un deber específico de actuación jurídica. (art. 68)

Cualquier vecino en pleno goce de sus derechos civiles y políticos puede requerir el ejercicio de acciones. Si la entidad no actúa en treinta días, podrá ejercitarlas en su nombre. (art. 68)

No confundir

• El artículo 65 permite optar entre requerir previamente la anulación del acto local o impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin necesidad de formular requerimiento. (art. 65)
• El artículo 66 vincula la suspensión a una petición expresa fundada en intereses afectados y decisión judicial; el artículo 67 atribuye al Delegado del Gobierno facultades excepcionales ante grave interés general de España. (art. 66, art. 67)

Trampas de examen

• La legitimación específica del artículo 63 no corresponde a cualquier miembro de la corporación, sino únicamente a quienes hubieran votado en contra de los actos o acuerdos. (art. 63)
• La legitimación de las entidades locales territoriales frente a actos estatales o autonómicos exige que estos lesionen su autonomía conforme a la Constitución y la Ley. (art. 63)
• La remisión de información solicitada conforme al artículo 64 no tiene siempre un plazo de veinte días hábiles: en el caso del artículo 67, el plazo es de cinco días hábiles. (art. 64)
• La suspensión prevista en el artículo 66 no se produce automáticamente por solicitarla: requiere petición expresa, razonamiento sobre el interés afectado y que el Tribunal la estime fundada. (art. 66)
• Los vecinos no pueden ejercitar inmediatamente la acción en nombre de la entidad: deben requerir previamente su ejercicio y esperar que transcurran treinta días sin acuerdo local. (art. 68)

Chuleta final

• La autonomía lesionada es la autonomía de las entidades locales territoriales, garantizada por la Constitución y la Ley, frente a disposiciones y actos estatales o autonómicos. (art. 63)
• Las entidades locales territoriales pueden promover ante el Tribunal Constitucional la impugnación de leyes estatales o autonómicas cuando estimen lesionada su autonomía constitucionalmente garantizada. (art. 63)
• El artículo 64 establece veinte días hábiles como plazo máximo ordinario de remisión y cinco días hábiles para el supuesto previsto en el artículo 67. (art. 64)
• Los plazos suspendidos por la solicitud de ampliación informativa se reanudan a partir de la recepción de la documentación interesada, según establece el artículo 64. (art. 64)
• El requerimiento de anulación debe estar motivado, expresar la normativa que se considera vulnerada y formularse dentro de quince días hábiles desde la recepción de la comunicación. (art. 65)
• La Administración estatal o autonómica dispone de una alternativa: requerir la anulación del acto local o impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. (art. 65)
• La impugnación competencial debe precisar la lesión o extralimitación competencial y las normas legales vulneradas en que se fundamenta, conforme al artículo 66. (art. 66)
• El Delegado del Gobierno dispone de diez días para ejercer la facultad de suspensión, contados desde el día siguiente al final del requerimiento o desde la respuesta presidencial anterior. (art. 67)

Preguntas frecuentes