Normas de derecho internacional privado (Arts. 8-12)

El mapa del tema

Los artículos 8 a 12 forman el núcleo del sistema español de derecho internacional privado: el 8 fija la territorialidad de leyes imperativas, el 9 el estatuto personal, el 10 la ley aplicable a bienes y obligaciones, el 11 la forma de los actos jurídicos y el 12 las instituciones generales de aplicación del derecho extranjero. (art. 10, art. 11, art. 12, art. 8, art. 9)

Alcance territorial del artículo 8

El artículo 8 establece que las leyes penales, de policía y de seguridad pública se imponen a todas las personas que se hallen en territorio español, sin distinción de nacionalidad, primando sobre cualquier ley personal extranjera que pudiera resultar aplicable según otras normas de conflicto del Código Civil. (art. 8)

Frente al criterio general de la nacionalidad como ley personal, el artículo 8 impone un criterio estrictamente territorial para ciertas normas imperativas, de modo que basta con hallarse físicamente en España para quedar sujeto a ellas, independientemente de la residencia o vínculo jurídico previo. (art. 8)

Ley personal y capacidad en el artículo 9

El apartado primero del artículo 9 determina que la ley personal de las personas físicas es la de su nacionalidad, rigiendo la capacidad, el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte, sin que el cambio posterior de ley personal afecte a la mayoría de edad ya adquirida. (art. 9)

El artículo 9 dispone que la sucesión por causa de muerte se rige por la ley nacional del causante en el momento del fallecimiento, cualesquiera que sean los bienes y su ubicación, y que la ley personal de las personas jurídicas, también determinada por su nacionalidad, rige capacidad, constitución y extinción. (art. 9)

Lex rei sitae en el artículo 10

El artículo 10 consagra la regla de la lex rei sitae para los derechos sobre bienes inmuebles y muebles, sometiéndolos a la ley del lugar donde se hallen, criterio que se extiende con matices a los bienes en tránsito según el lugar de expedición o de destino convenido por las partes. (art. 10)

El artículo 10 permite a las partes someter sus obligaciones contractuales a la ley que elijan expresamente, siempre que exista conexión con el negocio, aplicándose en su defecto sucesivamente la ley nacional común, la de residencia habitual común y, finalmente, la del lugar de celebración del contrato. (art. 10)

Regla general de forma locus regit actum

El artículo 11 establece que las formas y solemnidades de contratos, testamentos y demás actos jurídicos se rigen por la ley del país donde se otorguen, admitiendo alternativamente la validez conforme a la ley aplicable al contenido del acto o a la ley personal o común de los otorgantes. (art. 11)

El artículo 11 dispone que si la ley reguladora del contenido de un acto exige una forma determinada para su validez, dicha forma será siempre aplicada aunque el acto se otorgue en el extranjero, y que los actos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares españoles se rigen por la ley española. (art. 11)

Calificación y reenvío en el artículo 12

El artículo 12 establece que la calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hace conforme a la ley española, y que la remisión al derecho extranjero se entiende hecha a su ley material, excluyendo el reenvío que las normas de conflicto extranjeras puedan hacer a una ley distinta de la española. (art. 12)

El artículo 12 impide la aplicación de la ley extranjera contraria al orden público, califica como fraude de ley el uso de una norma de conflicto para eludir una ley imperativa española, y obliga a tribunales y autoridades a aplicar de oficio las normas de conflicto del derecho español. (art. 12)

No confundir

• El artículo 9 diferencia la ley personal de las personas físicas, determinada por su nacionalidad y aplicable a capacidad, estado civil y familia, de la ley personal de las personas jurídicas, también fijada por su nacionalidad pero limitada a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción societaria. (art. 9)
• Mientras el artículo 11 permite validar un acto conforme a la ley del lugar de otorgamiento, el propio precepto establece que si la ley que rige el contenido del acto exige una forma determinada para su validez, esa forma prevalece y debe aplicarse siempre, incluso si el acto se otorga en el extranjero. (art. 11)

Trampas de examen

• Es un error frecuente pensar que las leyes penales, de policía y de seguridad pública solo obligan a los nacionales españoles; el artículo 8 aclara que obligan a todos los que se hallen en territorio español, sea cual sea su nacionalidad o ley personal aplicable a otras materias. (art. 8)
• No debe confundirse la ley personal general del artículo 9, basada en la nacionalidad, con las reglas específicas que emplean la residencia habitual como punto de conexión, como ocurre en la filiación del hijo o en las medidas de apoyo para personas con discapacidad, que se rigen por leyes distintas a la nacional. (art. 9)
• Aunque las obligaciones contractuales admiten sometimiento expreso de las partes según el artículo 10, las donaciones constituyen una excepción y se rigen en todo caso por la ley nacional del donante, sin posibilidad de elección por las partes ni aplicación de otros puntos de conexión subsidiarios. (art. 10)
• Un error habitual es creer que basta con la ley del lugar de otorgamiento para validar formalmente un acto; el artículo 11 admite también la validez conforme a la ley aplicable al contenido del acto o a la ley personal o común de los otorgantes, ampliando las opciones de validez formal. (art. 11)
• El artículo 12 excluye el reenvío que las normas de conflicto extranjeras hagan a una ley distinta de la española, pero no excluye toda forma de reenvío, ya que expresamente admite el reenvío que remita precisamente a la ley española, matiz que suele pasarse por alto. (art. 12)

Chuleta final

• Regla mnemotécnica: leyes penales, de policía y de seguridad pública se aplican por estar en España, no por ser español; es una excepción territorial dentro de un sistema de conflicto basado mayoritariamente en la nacionalidad y otros puntos de conexión personales o reales. (art. 8)
• Memorizar que la ley personal de las personas físicas, determinada por su nacionalidad, rige capacidad, estado civil, derechos y deberes de familia y sucesión por causa de muerte, siendo este el punto de partida general antes de las reglas especiales de matrimonio, filiación o alimentos. (art. 9)
• Recordar que la sucesión se rige por la ley nacional del causante al fallecer, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes y su ubicación, aplicando un criterio unitario que evita el fraccionamiento sucesorio según el lugar de situación de cada bien. (art. 9)
• Truco mnemotécnico: bienes inmuebles y muebles se rigen por la ley del lugar donde se hallen; para automóviles y transporte por carretera aplica igualmente la ley del lugar donde se encuentren, mientras que buques, aeronaves y ferrocarriles siguen la ley de su abanderamiento o registro. (art. 10)
• Memorizar el orden sucesivo: ley elegida por las partes con conexión al negocio; a falta de ella, ley nacional común; a falta de ésta, residencia habitual común; y en último término, ley del lugar de celebración del contrato, siempre que no exista sometimiento expreso. (art. 10)
• Regla práctica: la validez formal de un acto puede lograrse con la ley del lugar de otorgamiento, la ley aplicable al contenido del acto, o la ley personal o común de los otorgantes, ofreciendo así varias alternativas para salvar la validez formal de contratos y testamentos. (art. 11)
• Regla clave para exámenes: la calificación jurídica que determina qué norma de conflicto aplicar se realiza siempre conforme a la ley española, incluso cuando la relación jurídica presente elementos extranjeros relevantes, siendo esta la primera operación lógica del proceso conflictual. (art. 12)
• Memorizar que tribunales y autoridades españolas deben aplicar de oficio las normas de conflicto del derecho español, sin necesidad de que las partes las invoquen expresamente, a diferencia de lo que puede ocurrir con la prueba del derecho extranjero aplicable. (art. 12)

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