CAPÍTULO II — Trabajo

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Artículo 26: condiciones no aflictivas

El trabajo penitenciario no puede tener carácter aflictivo ni utilizarse como medida de corrección. Esta regla forma parte de las condiciones legales del trabajo interno y se conecta con su función tratamental, excluyendo que la actividad laboral sea concebida como castigo disciplinario. (art. 26)

El trabajo debe tener carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, productivo o terapéutico. Su organización atenderá a las aptitudes y cualificación profesional de los internos, procurando satisfacer sus aspiraciones laborales siempre que sean compatibles con la organización y seguridad del establecimiento. (art. 26)

Artículo 27: modalidades preferentes

El trabajo interno puede desarrollarse mediante formación profesional, estudio y formación académica, producción laboral o cooperativa, actividades ocupacionales de tratamiento, prestaciones personales en servicios auxiliares y actividades artesanales, intelectuales o artísticas. Entre ellas, la Administración debe dar carácter preferente a la formación profesional. (art. 27)

Todo trabajo directamente productivo realizado por internos debe ser remunerado. Además, su desarrollo queda sujeto a las condiciones de seguridad e higiene establecidas en la legislación vigente, de modo que ambas exigencias se vinculan específicamente al trabajo productivo. (art. 27)

Artículo 28: compatibilidad con tratamiento y enseñanza

El trabajo no puede impedir las sesiones de tratamiento ni las necesidades de enseñanza en los niveles obligatorios. Para asegurar ambos fines y la efectividad del resultado, la Administración debe adoptar las medidas que se determinen reglamentariamente. (art. 28)

La compatibilidad entre trabajo, tratamiento y enseñanza exige una actuación administrativa específica. La Administración debe adoptar las medidas reglamentariamente determinadas para asegurar la satisfacción de esos fines y garantizar que el resultado previsto sea efectivo. (art. 28)

Artículo 29: obligación de trabajar

Todos los penados tienen obligación de trabajar conforme a sus aptitudes físicas y mentales. Esta obligación se formula con carácter general, aunque el propio artículo establece después determinadas excepciones y permite que los exceptuados disfruten, en su caso, de beneficios penitenciarios. (art. 29)

Quedan exceptuados de la obligación, entre otros, quienes estén en tratamiento médico por accidente o enfermedad, tengan incapacidad permanente para todo trabajo, sean mayores de sesenta y cinco años, perciban jubilación, estén embarazadas en los períodos previstos o no puedan trabajar por fuerza mayor. Los preventivos podrán trabajar voluntariamente conforme a sus aptitudes e inclinaciones. (art. 29)

Artículo 30: preferencia en adjudicaciones

Los bienes, productos o servicios obtenidos mediante el trabajo de los internos tienen carácter preferente en las adjudicaciones de suministros y obras de las Administraciones públicas, siempre que concurran condiciones de igualdad. La preferencia se refiere conjuntamente a las tres categorías mencionadas. (art. 30)

La regla del artículo comprende tanto bienes como productos y servicios obtenidos por el trabajo interno. Su aplicación exige igualdad de condiciones y opera específicamente respecto de adjudicaciones de suministros y obras realizadas por las Administraciones públicas. (art. 30)

Artículo 31: dirección y control

La dirección y el control de las actividades desarrolladas en régimen laboral dentro de los establecimientos corresponden a la Administración penitenciaria. Por tanto, el artículo atribuye expresamente a esta Administración la responsabilidad organizativa y supervisora del trabajo laboral interno. (art. 31)

La Administración debe estimular la participación de los internos en la organización y planificación del trabajo. La norma combina así la atribución administrativa de dirección y control con un mandato de fomento de la intervención de los trabajadores internos. (art. 31)

Artículo 32: participación en cooperativas

Los internos pueden formar parte del Consejo Rector y de la Dirección o Gerencia de las cooperativas que se constituyan. La norma reconoce su participación en los órganos de gobierno y gestión de esas entidades cooperativas. (art. 32)

La Administración adquiere la cualidad de socio de las cooperativas constituidas y contribuye a la consecución de su objeto social. Esta actuación debe realizarse de conformidad con la legislación vigente, junto con la participación prevista para los internos. (art. 32)

Artículo 33: trabajo suficiente y descanso

La Administración debe organizar y planificar el trabajo productivo proporcionando ocupación suficiente a los internos en días laborables. Esta obligación incluye garantizar el descanso semanal, de manera que la programación laboral no elimine ese período de descanso. (art. 33)

La jornada de trabajo no puede exceder de la máxima legal y los horarios deben permitir tiempo suficiente para aplicar los medios de tratamiento. Además, la retribución debe ser conforme al rendimiento, la categoría profesional y la clase de actividad desempeñada. (art. 33)

Artículo 34: defensa de derechos

Los internos, como trabajadores por cuenta ajena o socios cooperadores, deben asumir individualmente la defensa de sus derechos e intereses laborales o cooperativos. Su ejercicio se realiza ante los organismos y tribunales competentes, después de la reclamación o conciliación administrativa previa. (art. 34)

La defensa de los derechos e intereses laborales o cooperativos debe ejercitarse ante organismos y tribunales competentes, previa reclamación o conciliación en vía administrativa. El procedimiento y la forma concreta de actuación quedan sujetos a determinación reglamentaria. (art. 34)

Artículo 35: prestación por desempleo

Los liberados inscritos en la oficina de empleo dentro de los quince días siguientes a su excarcelación tienen derecho a la prestación por desempleo si no han recibido una oferta de trabajo adecuada, siempre en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. (art. 35)

El derecho previsto exige la inscripción en la oficina de empleo dentro del plazo de quince días desde la excarcelación y la ausencia de una oferta de trabajo adecuada. La prestación no se detalla íntegramente en el artículo, pues sus condiciones se remiten al desarrollo reglamentario. (art. 35)

Trampas de examen

• No debe afirmarse que el trabajo interno pueda imponerse como castigo o medida correctiva. El artículo 26 prohíbe expresamente ese carácter y exige que el trabajo no sea aflictivo, aunque lo configure como deber del interno. (art. 26)
• No debe identificarse todo trabajo penitenciario con trabajo productivo remunerado. El artículo 27 enumera modalidades formativas, académicas, ocupacionales, auxiliares, artesanales, intelectuales y artísticas, mientras que la remuneración se predica expresamente del trabajo directamente productivo. (art. 27)
• No debe extenderse automáticamente a los preventivos la obligación general prevista para los penados. El artículo 29 dispone que los sometidos a prisión preventiva podrán trabajar conforme a sus aptitudes e inclinaciones y regula su trabajo en términos voluntarios. (art. 29)
• No debe sostenerse que la Administración pueda organizar el trabajo penitenciario buscando prioritariamente sus propios intereses económicos. El artículo 26 establece que el trabajo no se supeditará al logro de intereses económicos por la Administración. (art. 26)
• No debe afirmarse que la Administración pueda fijar libremente jornadas superiores a la máxima legal. El artículo 33 impone ese límite y exige además horarios compatibles con el tiempo necesario para aplicar los medios de tratamiento. (art. 33)

Chuleta final

• Entre las modalidades de trabajo interno, la formación profesional recibe carácter preferente por parte de la Administración. Esta prioridad aparece expresamente en la enumeración del artículo 27 y no se atribuye en esos términos a las restantes modalidades. (art. 27)
• El trabajo interno goza de la protección dispensada por la legislación vigente en materia de Seguridad Social. Esta es una de las condiciones que el artículo 26 establece para el trabajo penitenciario. (art. 26)
• La Administración debe facilitar el trabajo penitenciario. La obligación aparece entre las condiciones del artículo 26, junto con la organización conforme a aptitudes y cualificación profesional. (art. 26)
• Los internos pueden intervenir en los órganos de dirección de las cooperativas constituidas, formando parte del Consejo Rector y de la Dirección o Gerencia. El artículo 32 reconoce expresamente ambas posibilidades de participación. (art. 32)
• La organización del trabajo productivo debe cuidar de que los internos contribuyan al sostenimiento de sus cargas familiares y cumplan sus restantes obligaciones. La cantidad sobrante queda a disposición del recluso en las condiciones reglamentarias. (art. 33)
• La retribución del trabajo interno solo puede embargarse bajo las condiciones y requisitos establecidos para el salario del trabajador libre. El artículo 33 vincula expresamente el régimen de embargo al previsto para ese salario. (art. 33)
• La dirección y el control de las actividades laborales desarrolladas dentro de los establecimientos corresponden a la Administración penitenciaria. La regla se refiere específicamente a las actividades desarrolladas en régimen laboral. (art. 31)
• La preferencia en adjudicaciones públicas no es absoluta: se aplica a bienes, productos o servicios obtenidos por el trabajo interno únicamente en igualdad de condiciones y respecto de suministros y obras de las Administraciones públicas. (art. 30)

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